El acto tuvo lugar en el predio de la Sala de Armas y Efectos Secuestrados (ubicado en el kilómetro 1.008 de la ruta 11) con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, su par Emilia María Valle; el procurador general, Jorge Canteros; el adjunto, Miguel Fonteina; los ministros de Gobierno, Jorge Gómez, y de Economía, Alejandro Abraam; la secretaria general de la gobernación, Carolina Miño; el jefe de la policía, Fernando Romero; el subsecretario de Seguridad Pública, Juan Cruz González, magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarios y agentes judiciales y autoridades policiales.

Los automóviles recuperados son: Chevrolet S10, Chevrolet Tracker, Volkwagen Polo, Ford Ranger y Fiat Cronos Advance. Los mismos fueron asignados a las siguientes dependencias: Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de Machagai, Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de San Martín, Gabinete Científico del Poder Judicial, Equipo Interdisciplinario de Sáenz Peña y el Instituto Médico Forense. En tanto que dos motocicletas fueron entregadas en donación a la Policía del Chaco.

Del Río: al servicio de la comunidad
Al respecto, Del Río explicó que se trata de “vehículos que han sido secuestrados en distintas causas judiciales” y que “todos provienen de delitos”. Así “fueron decomisados oportunamente por fiscales o jueces y puestos a disposición del STJ para darles destino definitivo”.

“Estos vehículos tienen la particularidad que nuestra ley provincial prevé que sean destinados a funciones públicas que tengan que ver con el servicio a la comunidad”. Eso quiere decir que “no pueden ser entregados para ningún fin particular ni para ninguna otra actividad” que no persiga ese fin “sobre todo a través de la persecución del delito o el servicio de justicia”.

Además remarcó la que fue “primera de una serie de entregas” de motovehículos para la policía y que anunció “pronto seguramente vamos a entregar otros más. Estamos realizando los trámites judiciales y administrativos necesarios para ponerlos en funcionamiento”.

Recuperación de activos
Hace tiempo, el STJ, trabaja en la implementación de una política de recuperación de activos para evitar el deterioro de los bienes decomisados, a la vez que fomenta la contribución y reparación en beneficio de la comunidad.

Estas acciones tienen lugar en el marco del compromiso internacional asumido por Argentina de avanzar con los pasos necesarios para identificar vienen y recuperar activos de origen ilícito.

Así se cumplen con la adhesión que, mediante leyes nacionales, se hizo de la: Convención de las ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (ley Nº 24.072), la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley Nº 24.759), la Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos complementarios (ley Nº 25.632); la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (ley Nº 26.023) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (ley Nº 26.097).