“Las obras con fondos nacionales están paralizadas porque el Gobierno no les pagó a las empresas ni a las provincias. Tampoco avanzaron las que prometió retomar en las negociaciones con los gobernadores por los votos para la ley Bases”, dijo a Letra P el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), Gerardo Fernández.

Se trata obras vitales: viviendas, agua, gas, cloacas, escuelas, hospitales, gimnasios, playones polideportivos y caminos que la gestión de Alberto Fernández tenía en ejecución y que la administración libertaria dejó sin financiamiento.

Los proyectos estaban en marcha a través de los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis durante la administración albertista.

Pymes reclaman incumplimiento de contrato

“Hay un incumplimiento de contrato. El Gobierno no atendió más la situación, es una estafa y un delito. Dejaron en situación de catástrofe a muchas pymes que hace ochos meses padecen la dilación del gobierno nacional, además de frenar obras que llevan gas y agua potable a los hogares”, se quejó el titular de la gremial empresaria.

CPC representa a unas 950 pymes de todo el país que están por fuera de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que preside Gustavo Weiss y que reúne a las grandes contratistas.

Las obras paralizadas son trabajos en distintos grados de ejecución, cuya deudas siguen creciendo a raíz de las certificaciones de avances de obra.

Cuando cambió el gobierno, las obras se paralizaron, pero sin hacer un cierre formal. Legalmente, quedaron en “guarda legal” del empresariado del sector, que tuvo que dejar serenos o cuidadores para preservar esa infraestructura abandonada.

Funcionarios que no atienden a las pymes

Uno de los funcionarios que no atiende los reclamos de las pymes constructoras es el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, antiguo colaborador del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que ya admitió que la administración libertaria discontinuó unas 2.000 obras.

El otro es el secretario de Hábitat, Rodrigo Aybar Perlender, un exfuncionario del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal que respondía al entonces jefe de Gabinete vidalista Federico Salvai.

Ahora, los dos están bajo la órbita del ministro de Economía, Toto Caputo.

Gobernadores también reclaman

Los gobernadores les reclaman a Milei y Caputo que, aunque más no sea, liberen administrativamente la obra sin el compromiso de enviar dinero; pero tampoco reciben respuestas. El dato es que nadie quiere firmar el traspaso por la responsabilidad jurídica que conlleva.

"La sombra de Lázaro Báez le hizo mucho daño al sector, pero por el contrario acá estamos hablando de emprendedores y empresarios que tienen en riesgo su patrimonio y el de 300 mil trabajadores, entre directos e indirectos, que se quedaron sin fuente laboral", planteó el titular de la gremial de pymes constructoras.

En la carrera contrarreloj por conseguir votos para la ley Bases, el ministro del Interior, Guillermo Francos, firmó con una decena de gobernadores acuerdos para reactivar obras, en particular aquellas que tuvieran un grado de ejecución superior al 40%.

Tampoco hubo avances en ese sentido, por lo que tanto el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo como el santafesino Maximiliano Pullaro elevaron su queja a la administración mileísta.

Un caso emblema de la suspensión de obras es la rotonda sobre la ruta nacional 22, en Choele Choel, Río Negro, que el gobernador Alberto Weretilneck puso como condición para que la senadora rionegrina Mónica Silva diera su voto positivo a la ley Bases.

Esa obra está en un 40% de avance y la empresa Equimat se retiró. Ahora, autoridades rionegrinas confirmaron que fue incluida en el proyecto de Presupuesto 2025 que Milei envió al Congreso.

Futuro incierto para las obras públicas

Gerardo Fernández explicó que las empresas emitieron facturas por esos trabajos, pagaron impuestos sobre la facturación y afrontaron los costos de desmovilización de la obra, que implica “desarmar el obrador, pagar la desvinculación de los trabajadores y saldar la deuda con los corralones”.

Las obras están contratadas por los municipios o por las provincias, pero eran financiadas por el Gobierno, que cortó el envío de fondos. Las pymes, en tanto, prefieren no iniciar acciones legales contra provincias y municipios, para no perder contrataciones futuras.