Pasaron 90 días sin novedades, desde que el gobierno de Javier Milei prometió un proyecto de ley especial PYMES como contrapeso a la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios impositivos y arancelarios a los grandes grupos trasnacionales.

“No tenemos aún lineamientos del proyecto, nos reunimos con los sectores y se está trabajando”, explicó a Letra P el vocero del jefe de Gabinete, Guillermo Francos,  quien el 29 de junio les prometió una norma para “contemplar las demandas pymes y reactivar la economía”.

En la Bolsa de Nueva York, Milei dejó claro que retiró al Estado de cualquier intento de impulsar políticas activas: “Hay que competir en el mercado y ganarse el favor del consumidor, como se ganan su mercado todas las empresas de bien”, planteó.

A la afirmación presidencial se suma que el ministro de Economía, Toto Caputo le prohibió a Francos tocar, por ahora, cualquier variable que implique resignar recaudación fiscal.

“No se avanzó mucho y en la agenda quedamos relegados y el ajuste se hizo muy largo”, dijo a Letra P Salvador Femenía, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Días antes, el titular de la cámara, Alfredo González, también advirtió:  " El gobierno no tiene un proyecto productivo pyme, sólo se lo ve abocado a la macroeconomía”.

Según CAME, en los primeros ocho meses de 2024 la retracción llegó al 16,9% interanual, con el uso de la capacidad instalada en el 60%.

La UIA puso plazos

Hasta la Unión Industrial Argentina  (UIA), más cercana a la administración libertaria, emplazó a Francos. “Queremos antes de fin de año una ley pyme en el Parlamento y que no sea una dádiva al sector”, le reclamó Daniel Funes de Rioja, titular de la gremial fabril.

 Funes de Rojas fue cuestionado por haber impulsado abiertamente la aprobación del RIGI. De todos modos, el empresariado y analistas locales coinciden en afirmar que el régimen original “establecía peores condiciones que la reglamentación subsanó”.

Consultado, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno describió: “El consumo no repunta, la recuperación de los salarios es ínfima frente a la inflación que se comió los aumentos de los precios regulados; y hay despidos por goteo porque no hay esperanza de revertir la recesión”.

Las importaciones avanzan

Moreno adelantó que lo peor está por venir. “El problema serio va surgir si el gobierno sale del cepo, porque eso implica tener los dólares necesarios para importar libremente y el cierre de todas las industrias nacionales que producen para el consumo popular”, advirtió.

“La industria emplea de manera directa al 18% de la población activa y a otro tanto de manera indirecta, una masa de trabajadores que no la pueden incorporar las importadoras, las empresas de servicios o el comercio”, afirmó.

“El gobierno sigue priorizando bajar las alícuotas arancelarias a bienes terminados, como lo hizo con alimentos, productos limpieza, eso sigue siendo una política de competencia desleal a las pymes nacionales porque el gobierno promueve la fabricación de productos en el extranjero. Los productos nacionales pagan en sus insumos más aranceles impuestos que el producto terminado. La industria nacional está a la defensiva y la extranjera viene a expandirse”, anticipó Martín Kalos, director de EPyCA Consultores.

El anuncio de Caputo de la rebaja de aranceles incluye productos como calefactores, cafeteras pavas y hornos eléctricos, ventiladores, neumáticos de autos, motos y bicicletas, café molido, energizantes, latas para alimentos, cremas solares, desodorantes, focos, tubos y artefactos de led y lentes de sol.

Pymes sin respuestas

El proyecto de ley que no escribió Francos se basa en un borrador que trabajaron los técnicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y que busca dotar de competitividad a la industria local con la baja de impuestos.

La decisión gubernamental de bajar el Impuesto PAIS también complica a la industria nacional, porque tiene que competir con productos importados terminados más baratos.

Femenía detalló que CAME tiene una propuesta “que permite una diferenciación en materia tributaria, pero el gobierno contestó que tenía mucho costo fiscal. Ellos van por descuentos de las cargas patronales y algo tributario y financiamiento”.

“Actualmente las pymes comienzan a tener ofertas de créditos por parte de los bancos, incluso a tasas negativas; pero tomar un crédito sólo puede servir para sostenerse”, dijo Kalos.

Las pymes representan el 99,4% del total de empresas del país y emplean a casi el 65% de los trabajadores registrados. La mitad corresponde al sector de servicios y el resto lo componen la industria, el sector agropecuario, la construcción y la minería.