La finalidad es crear un “mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales inmateriales que hay en todo el territorio nacional, con fines de salvaguardia, protección, sostenibilidad, sensibilización, investigación, difusión y estímulo de los bienes y/o referencias culturales del patrimonio inmaterial; y la creación de un registro de carácter público”.

La idea es salvaguardar un patrimonio intangible que se transmite de generación en generación y que hace a la identidad nacional.

La designación de la autoridad de aplicación queda supeditada a la reglamentación del Poder Ejecutivo y tendrá como misión crear la realización del Registro Nacional de los bienes y/o referencias culturales que integren el patrimonio, que deberá contar con representación de las diferentes jurisdicciones. 

Dicho registro deberá elaborarse en un plazo máximo de cuatro cuatro años desde la entrada en vigencia de la ley.

El registro de cada bien deberá contener denominación y fecha, características, historia, documentación, razones que motivan la realización de la expresión cultural, descripción del estado actual, identificación de la comunidad que la lleva a práctica, y el plan de salvaguardia.

Con esta ley, Argentina cumple con la manda constitucional de la reforma de 1994, y también con la adhesión, a través de la Ley 26.118, a la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

Al iniciar el debate, la presidenta de la Comisión de Cultura, Silvana Ginocchio (Unión pór la Patria), ponderó el "consenso político” para culminar en “un proyecto unificado” que ya había recibido un primer dictamen en 2022. 

“El patrimonio cultural inmaterial construye identidad, cohesión social, pertenencia”, destacó la catamarqueña, que dijo que el propósito es la trasmisión intergeneracional para “vincular nuestro pasado con el futuro, a través de este presente”.

Uno de los autores del proyecto, el diputado del PRO Hernán Lombardi resaltó que en el pasado el Estado solamente tenía la oibligación de proteger y conservar el patrimonio material, como “un edificio, una catedral” pero “ya a partir de la década del ‘90 hay un giro importante en las políticas públicas, que es preservar las costumbres, las danzas, los idiomas, las prácticas sociales, entendiendo que no es solamente por su enorme difusión. 

"Lo que importa es que haya una comunidad receptora que tome y transmita de generación a generación este patrimonio que pasa a ser constitutivo, un patrimonio común de todos los argentinos y eventualmente mundial”, señaló el diputado macrista, que puso como ejemplos de este patrimonio al tango, el chamamé y el fileteado porteño.

La otra autora del proyecto, la diputada Gisela Marziotta (Unión por la Patria) destacó que pese al abismo ideológico que la separa de Lombardi en “las políticas públicas, el modelo de país y rol del Estado” pudieron hacer a un lado esas diferencias “para que prime el cuidado del patrimonio cultural inmaterial”.

A su turno, el diputado Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) criticó que se haya "dejado de lado la opinión de los pueblos originarios”, quienes “consideran que este proyecto no los contempla”, al tiempo que cuestionó la falta de financiamiento en el proyecto.