La investigación contra el contador, Walter Pasko, y otros seis implicados, por presuntamente conformar una organización ilícita destinada a generar créditos fiscales fraudulentos mediante la emisión de facturas apócrifas, está próxima a ser elevada a juicio por la fiscalía federal a cargo de Patricio Sabadini. 

Hay expectativas por los nuevos detalles que puedan surgir de la investigación, ya que en el entramado se descubrieron supuestas maniobras que involucran a municipios de la provincia, los cuales podrían ser ahora investigados por el fuero provincial. De hecho, hay un traslado de la fiscalía federal a la Justicia de la provincia.

El escándalo está a punto de estallar y se esperan que las precisiones surjan del requerimiento de elevación a juicio que Sabadini impulsaría esta semana contra la red que habría buscado, mediante distintas maniobras, reducir el monto de impuestos.

La fiscalía federal trasladó sus hallazgos a la justicia provincial ante la sospecha de que organismos públicos, manejados por funcionarios de la gestión anterior, y cinco municipios habrían cometido fraude mediante el uso de facturas truchas para justificar gastos.  Se trata de la Municipalidad de Makallé, Gancedo, General Pinedo, Corzuela y General Capdevila, además del disuelto IAFEP, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Gobierno y también el de Producción.

LA CAUSA PASKO & AYALA

La investigación expone que la organización que habría sido orquestada por Pasko, quien se desempeñaba como contador de las empresas involucradas, tenía maniobras que consistían en emitir facturas falsas para reducir las obligaciones fiscales de diversas empresas, entre ellas cooperativas y fundaciones de reciente creación. 

A medida que avanzó la investigación, se reveló que el alcance de la organización se extendía a nuevas personas y entidades: se identificaron cooperativas y fundaciones utilizadas para emitir facturas apócrifas, vinculadas tanto a organismos del estado provincial como a empresas privadas. Entre las personas implicadas se destacan Diana Yael Daniel, esposa de Pasko y empleada del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), quien habría facilitado la colocación de facturas falsas en el organismo.

Las pruebas obtenidas, a partir de registros de la AFIP y organismos provinciales, revelaron que las empresas involucradas carecían de empleados registrados y mostraban asimetrías entre las compras y ventas, lo que fortaleció la acusación de fraude fiscal.

En el marco de los allanamientos realizados en marzo de 2024, se descubrieron sellos oficiales aparentemente falsificados en el estudio contable de Pasko. Entre los sellos secuestrados se encontraban los de la Municipalidad de Fontana y organismos oficiales del Chaco, lo que sugiere que podrían haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a documentos presentados en distintas dependencias gubernamentales.El hallazgo de estos sellos refuerza las sospechas sobre el papel de Pasko y su grupo en la creación de un entramado que buscaba evadir al fisco mediante documentación fraudulenta. Asimismo, se encontró en poder de los acusados una cantidad considerable de documentos contables y societarios, correspondientes a las fundaciones involucradas en la maniobra delictiva.

Fernando Ayala, otro de los acusados, fue señalado como co-organizador de la estructura delictiva, dado que en su domicilio se encontraron sellos y documentos vinculados a las cooperativas y fundaciones creadas para la emisión de facturas falsas. Ayala y su esposa, María José Reinau, también participaban en la operativa de empresas que para la fiscalía eran ficticias estaba relacionadas con servicios como peluquería, bajo la fachada de "Brilla Peluquería".

Fuente: diariochaco