Sin perder  tiempo los sindicatos, como el caso de ATE Chaco, Federación Sitech y el de los mismos trabajadores del organismo de previsión social sumaron sus voces de repudio al anteproyecto presentado por el diputado provincial de la Libertad Avanza, Iván Gyoker.
Según los sindicatos, esta propuesta representa un intento de desfinanciar y privatizar un sistema que ha sido pilar del bienestar social en la provincia.

Sistema
solidario
«Este proyecto es un atentado contra la inteligencia de los trabajadores estatales», afirmó la secretaria general de la Asociación Gremial del Insssep, Zulema Coria.
La entidad sostiene que el sistema de seguridad social que gestiona el Insssep es, sin duda, «el más eficiente y conveniente» en términos de prestaciones de salud, jubilaciones y pensiones.
Según el gremio, el modelo solidario del Insssep permite que aquellos afiliados en buena salud financien tratamientos costosos para sus compañeros, algo que, aseguran, no sería posible en el ámbito de las prepagas «que además de limitar las prestaciones ajustarán permanentemente las cuotas que deben ser lo suficientemente altas para cubrir los servicios, los gastos administrativos, las utilidades para los inversores y, por supuesto la retribución para los legisladores permeables al lobby».
Asimismo indicó: «Suponemos también que quienes renuncien a la obra social según esta iniciativa deberán renunciar al sistema jubilatorio que gracias a la dura lucha de los gremios estatales logramos que se blindara por la Constitución para no tener que caer en los miserables haberes de la Anses que exigida por la filosofía libertina está llevando adelane un lento genocidio etario de aquellos a los que la sociedad más debería proteger y agradecer».
Más adelante reconocieron: «Como trabajadores hemos padecido a veces la caída de la calidad de los servicios del Insssep, pero sabemos y deben saberlo los afiliados que ello siempre se debió a la falta de los aportes en tiempo y forma de las patronales provinciales y municipales. Subsanada esa cuestión, el sistema debería funcionar perfectamente previos ajustes que lo adapten a la realidad actual».
«Ello no quita que haya sido un sistema elogiado a nivel nacional por otras jurisdicciones dada la calidad de los variados servicios prestados, lo cual lamentablemente ya no es posible mientras subsista la moda de la motosierra», recordaron.
La preocupación se extiende también al ámbito educativo. La Federación Sitech, uno de los gremios docentes de la provincia, calificó el proyecto de «una maniobra clásica para desguazar organismos de los trabajadores».
Según su análisis, este tipo de iniciativas sigue un patrón que comienza con el desprestigio, seguido del vaciamiento, para finalmente entregar estos organismos a «los poderosos amigos del poder».
De esta forma, el dirigente de este sindicato, Eduardo Mijno, denunció que este intento de privatización ignora el superávit que, aseguran, tiene la obra social del Insssep, «por lo tanto queda más claro la entrega del negocio de la salud a los privados».

Argumentos
del Proyecto
El proyecto de ley, presentado por legisladores oficialistas, propone la «libre elección» de la obra social para los trabajadores estatales, municipales y personal en relación de dependencia de la empresa Ecom Chaco SA.
Según los autores de la iniciativa, esta medida permitiría a los trabajadores optar por servicios que mejor se adapten a sus necesidades, rompiendo con la «imposición» de la obra social estatal.
Además, se incluye una modificación del Fondo de Jubilaciones, Retiros y Pensiones del Insssep y un incremento del 2% en los aportes al Fondo de Alta Complejidad.
Sin embargo, los gremios denuncian que el trasfondo del proyecto es mucho más oscuro. «No se promueve ninguna libertad de elección», advirtió Dafne Zamudio, secretaria general de ATE Chaco.
«Hay que destacar la falta de conocimiento que tienen los legisladores firmantes del proyecto de la situación del Insssep y de los trabajadores estatales. En un contexto en el que el Estado nacional debe más de $1.500 millones a la obra social y los salarios de los afiliados están en crisis, el oficialismo pretende que se pueda elegir por otra prepaga u obra social que cuesta el doble y que son empresas privadas que no tienen el carácter solidario del Insssep», manifestó Zamudio.
«Los salarios de los trabajadores estatales no permiten elegir otra obra social que ofrezca la cobertura que da el Insssep», aseveró, la iniciativa legislativa solo contribuirá a desfinanciar el Insssep, limitando el acceso a la salud de los afiliados y poniendo en riesgo un sistema que, aunque ha tenido sus deficiencias, ha sido uno de los más sólidos del país.
Zamudio también criticó la falta de transparencia de la gestión actual de la obra social y la actitud del gobierno provincial frente a las reiteradas solicitudes de convocatorias a paritarias por parte de los sindicatos. «Este Gobierno ha generado más restricciones para los afiliados y ahora busca desfinanciar la obra social a través de un proyecto de ley que no respeta normativas que garantizan la seguridad social», enfatizó.

Repercusiones
y Perspectivas
El rechazo al proyecto no se limita a las palabras. Hoy, a partir de las 9, se llevará adelante una jornada de debate en el Salón Auditorio Nilda Telma Farré de Vaernet en Roque Sáenz Peña 167 -Primer Piso- de Resistencia, donde se espera que los gremios expongan en detalle sus críticas y propuestas alternativas.
«Es esencial que los legisladores escuchen a los trabajadores y comprendan que este proyecto no solo afecta a los afiliados actuales, sino que pone en riesgo el futuro de la seguridad social en la provincia», indicó el dirigente de Federación Sitech.
Además, subrayó la necesidad de una reforma estructural que incluya la separación de las cajas del Insssep, una demanda histórica que permitiría mejorar la calidad de la obra social y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
«Con la separación de cajas, podríamos tener una obra social de primera calidad, incluso con centros de atención propios de excelencia», aseguraron desde el gremio.
Sin embargo, lamentan que esta propuesta haya sido sistemáticamente ignorada por los sucesivos gobiernos provinciales.
El sindicato recordó que en administraciones anteriores, legisladores radicales apoyaron la separación de cajas como una medida clave para recuperar la calidad de la obra social.
No obstante, se mostraron escépticos sobre el compromiso real del actual gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, quien, a pesar de prometer una obra social «digna para todos» , no ha aclarado su postura frente al proyecto de ley impulsado por el diputado Gyoker.