La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó suspender los desmontes en la provincia de Chaco por el término de tres meses o hasta que se reevalúe la situación, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada la semana pasada por el fiscal federal de la capital chaqueña, Patricio Sabadini.

La medida se dio en el marco de una causa que el representante del Ministerio Público Fiscal impulsó la semana pasada para que se investigue si siete imputados -entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales-, habrían facilitado la tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño.

En línea con lo planteado con Sabadini, la jueza federal Niremperger resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el término de tres meses o hasta tanto se reevalúe las condiciones de admisibilidad de la presente y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco -Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenibles-, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia del Chaco; debiendo adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”.

“Tengo en cuenta el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción que han sido mencionadas en la solicitud”, destacó la jueza.

Al iniciar la fundamentación del fallo, la jueza señaló que “corresponde destacar que las medidas cautelares constituyen un mecanismo procesal eficaz a la hora de efectivizar y proteger los derechos y las garantías de las personas”.

La jueza remarcó que “en el dictado de una medida de esta naturaleza, se debe considerar la aplicación del principio in dubio pro natura que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente”.

“Bajo las premisas enunciadas, considero que los recaudos legales para la procedencia de la cautelar que aquí se pretende (verosimilitud del derecho y peligro en la demora), se hallan configurados por la normativa citada y los extremos fácticos expuestos por el Sr. Fiscal Federal en su requerimiento de instrucción, sustentada en la denuncia y la documental acompañada”, señaló la jueza federal en otro de los párrafos de su resolución.

“Una afectación a la humanidad”

Al sostener su decisión de dictar la medida cautelar, Niremperger también afirmó que “la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente”.

“Debe ponerse de relevancia la interdependencia existente entre los bosques, la tierra y los seres humanos, especialmente en estos lugares donde existen comunidades indígenas con estrecha relación con la tierra y el ambiente, ya que la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”, destacó la magistrada.

Más adelante, la jueza federal afirmó: “Tengo en cuenta el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción que han sido mencionadas en la solicitud”.

“Más aún, teniendo en cuenta que la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”, agregó.

La jueza federal Niremperger resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el término de tres meses o hasta tanto se reevalúe las condiciones de admisibilidad de la presente y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco -Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenibles-, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia del Chaco; debiendo adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”.

El pedido del fiscal

El miércoles pasado, el fiscal Sabadini presentó un requerimiento en el que solicitó esta medida cautelar e impulsó la investigación para siete imputados, entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita.

Los siete imputados por la fiscalía son el gestor forestal y actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el actual empresario forestal y exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.

La causa se inició el 3 de julio pasado a raíz de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denunció “un entramado de corrupción de funcionarios públicos, personas del sector privado, así como personas jurídicas, que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en todo el territorio de la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema”.

Según la denuncia, los hechos vienen enmarcados por las diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras.

En el cierre de aquella presentación, Sabadini se dirigió directamente a la magistrada que ahora resolvió a favor de su petición: "Señora Jueza, usted tiene en sus manos aportar su grano de arena en la salvación de este planeta y así demostrar su compromiso, no solo con la ley, sino con la humanidad toda". También había hecho referencia a la encíclica del Papa Francisco “Laudatio sí”, en la que Sumo Pontífice hace un llamado a los gobernantes y a la humanidad, para velar por la protección del medio ambiente.