El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó ayer el dictado de una medida cautelar para que cesen los desmontes en la provincia del Chaco e impulsó una investigación para siete imputados, entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita, en el marco de una causa en la que se investiga si habrían facilitado la tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño.

Ambos pedidos fueron formulados por Sabadini ante la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

Los siete imputados por la fiscalía son el gestor forestal y actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el actual empresario forestal y exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.

La fiscalía aclaró que la investigación no se agota en estos siete imputados y que podría ampliarse contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es de los hechos que se investigan.

Los delitos que se les imputó a los acusados son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

Al fundamentar la competencia federal ante la jueza, el representante del MPF sostuvo que “en el marco de la jurisdicción aplicable al caso resulta de vuestro conocimiento la presente causa en razón de hechos denunciados como acaecidos en la Provincia del Chaco, y respecto a funcionarios y legisladores provinciales que habrían facilitado la tala indiscriminada de árboles pertenecientes a bosques nativos del territorio provincial, mediando maniobras delictivas, en violación a la Ley Nacional de Bosques N° 26.331, y Ley General del Ambiente N° 25.675, Ley 13.273 de Defensa, mejoramiento y ampliación de bosques, así como en clara violación de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.

La denuncia

La causa se inició el 3 de julio pasado a raíz de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denunció “un entramado de corrupción de funcionarios públicos, personas del sector privado, así como personas jurídicas, que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en todo el territorio de la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema”.

Según la denuncia, los hechos vienen enmarcados por las diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras.

De acuerdo a la investigación que impulsa el MPF, estos hechos se vieron ratificados por las conductas de parte de los acusados en el proyecto de la hoy ya sancionada Ley provincial 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que traería aparejado la aniquilación de bosque protegido en la provincia para el beneficio económico de un grupo reducido y en perjuicio de la sociedad.

Asimismo, Sabadini pidió investigar el posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.

Cese de desmontes como medida cautelar

En el requerimiento, el fiscal federal pidió como medida cautelar el “inmediato cese de desmontes” en el territorio provincial, en base al “análisis de los hechos a investigar y el daño irreversible” que pueden acarrear en la medida que continúen.

“El art 41° de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, tienen como objetivo la prevención de todo daño ambiental, así como impedir su prolongación y agravamiento, por lo que se hace indispensable el dictado de una medida cautelar que persiga el cese de las consecuencias dañosas con relevancia jurídico penal, esto es toda actividad que altere negativamente el bosque nativo y ponga en riesgo el ecosistema”, remarcó Sabadini en uno de los párrafos del requerimiento.

En el cierre de la presentación se dirigió directamente a la magistrada que debe resolver su petición: "Señora Jueza, usted tiene en sus manos aportar su grano de arena en la salvación de este planeta y así demostrar su compromiso, no solo con la ley, sino con la humanidad toda".

La encíclica del Papa Francisco

El requerimiento fiscal contempla y destaca la encíclica del Papa Francisco “Laudatio sí”, como gran llamado a los gobernantes y a la humanidad, independientemente de las religiones, a velar por la protección del medio ambiente ante la posible extinción humana si no se detiene la crisis climática actual.

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta […]. Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios”, citó el fiscal al Papa en el requerimiento.