En base a ese dictamen, que el oficial de justicia comunicó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que iba a realizar el remate mañana lunes con una base de 6,34 millones de dólares, los gremios y organizaciones de productores pidieron al organismo que suspenda el procedimiento.

Los procuradores, en una larga carta dirigida al titular de AABE. Alberto Pakgojz, y al propio INTA, remarco al menos inconsistencias o irregularidades en el proceso de venta del edificio de la calle Cerviño, que sería la primera propiedad del Instituto que el gobierno de Milei quiere poner a la venta, ya que también se anticipó oficialmente la decisión de subastar unas 70 mil hectáreas de campos ubicados en todas las provincias del país.

Los hechos a aclarar que marcó el fiscal son:

• La primera actuación -desafectación del inmueble- fue iniciada por un organismo incompetente: la AABE, sin esperar el dictamen del consejo directivo del INTA, que se pronunció  recién un tiempo después y bajo presión de las autoridades del Ministerio de Economía, en especial ele x secretario Juan Pazo.
• También que no se encuentran informes que den sustento a la innecesariedad del inmueble. Y que el único informe que sustenta la desocupación del inmueble se presentó dos veces por el mismo funcionario, el presidente del INTa Nicolás Bronzovich, pero con conclusiones distintas.
• Tampoco se detalló qué gastos implica la manutención del inmueble en cuestión, ni de cuánto es el ahorro propuesto con su venta.
• Algunos integrantes del consejo directivo del INTA expresaron sus reservas para la continuación del trámite de desafectación del bien, entendiendo que la conformidad requerida a ese órgano resultaba un requisito formal en el marco de una decisión adoptada por terceros que carecían de competencia para ello.

• El Pliego de Condiciones Particulares para participar de la subasta incluye un cargo de construcción que luce irrazonable en relación con el objetivo buscado de simplemente reducir costos. Por ejemplo, no permitía que alguien construyera allí una plaza o un museo. Según esta mirada, esoi “constituye en una fuerte restricción a la competencia, lo cual atenta contra los principios que deben regir en todas las contrataciones públicas”.
• “De ambos expedientes se advierte llamativa premura de parte de la administración en concretar el fin propuesto, es decir subastar la propiedad. Pero esa urgencia no debería arremeter con los procedimientos, principios y pautas que rigen la actividad estatal, ya que podría generar responsabilidades patrimoniales para el Estado Nacional y funcionarios intervinientes en caso de verse frustrado por vicios in procedendo”, dice el fiscal.

Ante tantas contrariedades, el titular del gremio APINTA, Mario Romero, que había presentado un recurso judicial ante la Procuración que se expidió a último momento, solicitó tanto a las autoridades del INTA como las de la AABE que interrumpan el proceso convocado para mañana, cuando deberían abrirse los sobres con las ofertas económicas por el edificio de más de 900 metros cuadrados, estratégicamente ubicado, por el cual ya han mostrado interés más de tres grupos constructores. Una curiosidad es que el propio Estado limitó los usos probables que podían darse al inmueble, signando su destino a una nueva torre de departamentos u oficinas en Barrio Norte.

El dictamen del fiscal no llega en el mejor momento político, pues el presidente Milei pareció avalar el fuerte ajuste lanzado sobre el INTA al retuitear en su red social X una noticia de La Derecha Diario, que daba cuenta -tal como anticipó Bichos de Campo- de la aprobación de una unidad asesora del presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, que en 180 diás deberá expedirse sobre un plan de modernización en el organismo, que podría incluir despidos y la venta de más propiedades.

En esa unidad asesora, que cobrará salarios similares a los de un director regional del INTA elegido por concurso, participará Inés Liendo, una abogada salteña que no tiene mucho más mérito en la función pública que haber sido designada interventora del Instituto de Agricultura Familiar, donde echó a más de 900 trabajadores. Es la sobrina de el ex menemista Horacio Liendo e hija y nieta de militares.

“La decisión de venta de Cerviño 3101 es arbitraria , contraria a la ley y con motivos comerciales que nada tienen que ver con las funciones del Estado. Para aparentar legalidad, se simula un proceso administrativo que, por sus inconsistencias y contradicciones, solo evidencia todavía más un accionar antijuridico y culpable”, señaló Romero en  su escrito dirigido a los funcionarios nacionales que deberían decidir ahora la suspensión o postergación de la subasta del edificio, salvo que quieran exponerse luego a una posible denuncia en la justicia.

También la Mesa Agroalimentaria Nacional, que conforman diversas organizaciones de productores de mayor afinidad con el gobierno anterior, emitió un comunicado recordando que ellos se presentaron ante el procurador general de la Nación, para “denunciar la intervención, el vaciamiento y el desguace del INTA”.

Fuente: bichosdecampo