Esta acción se enmarca en un tire y afloje entre la conducción gremial y el Gobierno Nacional, que intentó intervenir la obra social, pero la justicia federal ordenó suspender ese proceso.

Los jueces, que determinaron que el gobierno deberá devolver el control de la obra social a UATRE, solicitaron al Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Gonzalo Oriolo, que presente los informes en los que se basó para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, se ordenó la “suspensión preventiva” de la intervención.

Mientras este proceso avanza, la conducción de la gremial a cargo de José Voytenco, le solicitó de forma tajante a Lugones: “Nos dirigimos para transmitirle nuestra indignación y preocupación por la continuidad de los servicios de los beneficiarios que, a dos semanas de ejecutada la Resolución No-3.948/24 de la SSSalud bajo su dependencia, observamos que se encuentra en riesgo por su responsabilidad directa”.

La conducción de UATRE afirmó además que ellos siempre estuvieron a disposición para “colaborar en todo lo atinente a darle respuestas oportunas y satisfactorias a nuestros beneficiarios, en cuanto a todos los aspectos referidos a preservar y/o recuperar la salud de nuestra población rural, gestionando todo lo que fuera necesario ante esta situación creada”.

En concreto, lo que exigen desde la gremial es que se fueron generando problemas en estas dos semanas de proceso, y los enumeraron. En principio, aseguraron: “Se suspendió forzosamente la reunión del Consejo Directivo programada para el 30/10/2024 a las 10 Hs, en la que se tratarían las continuidades, cambios y/o recontrataciones de convenios prestacionales que caducaban el 31/10/2024; verificándose que su actual falta de definición ha generado una incertidumbre generalizada que ya se evidencia en cortes generalizados de servicios médicos sanatoriales, afectando la continuidad de la cobertura que venían recibiendo nuestros beneficiarios”.

También, la UATRE remarcó que se bloquearon las cuentas bancarias de todas las delegaciones de la OSPRERA, que atento a la dispersión geográfica de la estructura “hace necesario realizar los pagos respectivos al mantenimiento y sostenimiento de las prestaciones medico asistenciales de nuestros beneficiarios, los que se están viendo interrumpidos y ponen en riesgo en muchos casos la vida de estos”.

A su vez, se reclamó por el cese de autorización de compras de provisiones de medicamentos de alto costo. Sobre esto agregaron: “Impiden el trámite de adquisición y entrega a los pacientes beneficiarios, siendo muchos de ellos urgentes y poniendo en riesgo los tratamientos y hasta la vida misma de los beneficiarios con dichas patologias (Oncológicos, HIV, Hemofílicos, etc). Las demoras ya evidenciadas en dichas autorizaciones, además del perjuicio a los pacientes, provoca millonarias pérdidas económicas a la OSPRERA”.

En el escrito dirigido al ministro para que otorgue una respuesta sobre el actual estado de OSPRERA, los gremialistas argumentaron también: “Se ha interrumpido la cadena de pagos con todos los prestadores, que estaban programados para garantizar la continuidad de los servicios a los beneficiarios, ya que no se activaron a la fecha las plataformas de Interbanking de la OSPRERA, ni se realizaron operaciones alternativas para solucionarlo, provocando incertidumbre y los lógicos cortes de atención a los afliados”.

Como resultado de todo esto, aseguraron que se está perjudicando “económicamente a la OSPRERA en forma grave con la intencional suspensión de pagos generalizada, por la que va a tener que hacerse cargo de intereses, multas, punitorios y mayores costos, por incumplimientos provocados adrede y sin justificación alguna, ya que Ia Obra Social cuenta con todos los recursos de ingresos inmovilizados que se vienen acumulando en las cuentas bancarias sin sentido alguno”.

Fuente:bichosdecampo