El gobierno de Javier Milei se propone empezar a cubrir las vacantes del Poder Judicial con algunas sorpresas para Santa Fe. La mayor de ellas es que según un documento oficial sobre los candidatos que circula uno de los postulantes a un alto cargo de la Justicia Federal de Santa Fe es el juez federal Marcelo Bailaque, que afronta en este momento un trámite disciplinario sospechado de haber dado protección a uno de los narcos más destacados de la última década en Rosario.

La lista está confeccionada, viene de la usina de Santiago Caputo y fue divulgada en el portal de TN por el periodista Manuel Jove. Se trata de una primera tanda de cargos a cubrir en todo el país. En lo que concierne a Santa Fe la novedad desconcertante es que el gobierno libertario remite al Senado para la Cámara Federal de Rosario el pliego de un juez que fue denunciado por tres fiscales provinciales por negar medidas que impidieron avanzar sobre Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico nueve años después.

Justamente este martes el Consejo de la Magistratura espera la presencia de la diputada provincial del socialismo Lionella Cattalini, quien denunció a Bailaque penalmente luego de que trascendió por publicaciones periodísticas que el magistrado tenía el mismo contador que las empresas de Alvarado, y que había hecho ingresar a su juzgado al hijo de su contador.

Otra novedad significativa en Santa Fe es que para el Tribunal Oral Federal de esa ciudad no postula a Emilio Rosatti, que es hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación, sino a Sofía Chiambretto, actual secretaria del Tribunal Oral Federal 2 de Capital Federal, el que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Causa Vialidad.

La lista que se atribuye a Caputo tiene el impulso de Sebastián Amerio su hombre en el Ministerio de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Amerio suena como reemplazante del ministro Mariano cúneo Libarona, si esta finalmente deja el gobierno.

En lo que concierne a Santa Fe la novedad desconcertante es que el gobierno libertario remite al Senado para la Cámara Federal de Rosario el pliego de un juez que fue denunciado por tres fiscales provinciales por negar medidas que impidieron avanzar sobre Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico nueve años después.

Esta nómina se envía a poco de que expire el plazo para que la Cámara Alta pueda considerar dar aval o no a los candidatos. Se trata de una jugada que para el gobierno es complicada: los aspirantes para ser consagrados deben reunir la mayoría simple en un Senado donde el oficialismo tiene solo 7 representantes sobre 72. Por eso lo que se presume es que esta es una lista sujeta a modificaciones. Lo que se abre con su divulgación son seguramente negociaciones donde los que deban poner los votos incluirán cosas a cambio.

Bailaque afronta hace cuatro meses un procedimiento disciplinario que le podría costar la destitución pero sigue ejerciendo como juez de garantías en los Tribunales Federales de Rosario. Por la vocalía en la Cámara Federal de Rosario concursó el 7 de abril de 2018 y obtuvo el mayor puntaje. Durante su presidencia Alberto Fernández solicitó acuerdo para Marcelo del Teglia, quien salió segundo en ese concurso, lo que no obtuvo. El tercero en ese concurso fue Daniel Alonso, juez federal de Paraná, quien se pronunció contra la Corte Suprema en rechazo a la ampliación de 13 a 20 miembros del Consejo de la Magistratura, lo que le dio la presidencia de ese órgano a Horacio Rosatti.

El impulso que desde la Casa Rosada le dan al ascenso de un magistrado sospechado de darle tutela a un narcotraficante luego condenado implicará una tormenta política en Santa Fe. Los fiscales que acusaron a Alvarado señalaron que Bailaque había negado medidas cruciales que favorecieron al narco. El entonces jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Emilio Lencina señaló que había presentado 14 informes contra Alvarado que demostraban su vínculo con el comercio de drogas e incluso la complicidad que había armado con policías santafesinos. Bailaque fue señalado por negar intervenciones telefónicas que malograron la persecución.

Bailaque es un magistrado que supo ganarse la cercanía transversal de dirigentes políticos santafesinos. El gobernador Maximiliano Pullaro no está entre ellos. En el entorno del gobernador al juez provincial Florentino Malaponte, vinculado a una familia con linaje en el radicalismo, y Carmen Romero Acuña, una docente de Derecho Civil de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, muy vinculada al radicalismo universitario.

Lencina fue uno de los testigos que declaró ante el Consejo de la Magistratura donde dejó mal parado a Bailaque, quien rechaza los cargos que se le formularon. El consejero acusador en el trámite disciplinario contra el magistrado rosarino es Miguel Piedecasas.

Bailaque es un magistrado que supo ganarse la cercanía transversal de dirigentes políticos santafesinos que lo bancan. El gobernador Maximiliano Pullaro no está entre ellos. En el entorno del mandatario suenan otros candidatos para ocupar la vocalía que está vacante hace más de seis años. Entre ellos están el juez provincial Florentino Malaponte, vinculado a una familia con linaje en el radicalismo, y Carmen Romero Acuña, una docente de Derecho Civil de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, muy vinculada al radicalismo universitario.

Fuente: LPO