POLITICA
31 de octubre de 2024
Sin dictaminar, Diputados retomó el debate sobre la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo del radical Martín Tetaz, avanzó este miércoles con el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la actualización y repotenciación de los créditos laborales, pero no emitió dictamen, por lo que estiman hacerlo en una próxima reunión el martes 5 de noviembre a las 12.30.
Durante la reunión, se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados Verónica Razzini (Pro), Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Martín Tetaz (UCR), que proponen la modificación de la Ley de Contrato De Trabajo –Ley 20.744–, con el fin de lograr la adecuación de los créditos laborales. El titular de la comisión comentó que se incorporó al temario un proyecto del diputado Sergio Capozzi (Pro) que va en la misma sintonía.
“La intención no es de dictaminar el día de hoy. Ojalá podamos ponernos de acuerdo, es la conversación que vengo teniendo con los distintos bloques, pero es la oportunidad para que cada uno defienda su proyecto e intercambiar opiniones y limar diferencias para avanzar hacia un dictamen”, explicó el radical.
Capozzi comentó que la cuestión relacionada con la readecuación de las sumas de dinero provenientes de créditos laborales “ha generado un grado alto de incertidumbre impacta de lleno la economía productiva de la Nación”.
“La Justicia no ha logrado, hace 30 años, unificar criterios en la forma de readecuar las sumas de dinero derivadas de un reclamo de derecho de trabajo generando, no solo resultados altamente disvaliosos, sino también un alto grado de inseguridad jurídica”, fundamentó y recordó que la situación “se fue agravando a fines del 2022”.
El diputado rionegrino señaló que las condenas “tuvieron un fuerte impacto negativo produjeron en las finanzas de las castigada PyMES”. Así, manifestó la necesidad de abocarse al tratamiento de la cuestión y “establezca un mecanismo equitativo de actualización de los créditos laborales, unificado en todo el país y con capacidad de recomponer el poder adquisitivo”.
También propone que se rija por el índice RIPTE porque “es un parámetro equitativo y objetivo que permitirá conjurar los intereses entre ambas partes”. “Este nuevo sistema de actualización, ya utilizado en la actualización de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgo del trabajo”, lo cual -explicó- “permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica a quienes puedan ser condenados”, cerró y agregó que se le agrega una tasa del 3% anual.
Luego, la diputada Mónica Frade (CC), quien presentó un proyecto en el mismo sentido, explicó que “debemos ajustarnos a lo que ha planteado el Decreto 7023 que ha modificado el artículo 276 que pone como pauta tope el IPC más el 3%”, y al respecto afirmó: “Nosotros coincidimos con este criterio que es razonable, pero no ideal”.
“El trabajador va a mantener su indemnización justa, aunque en algún caso puede haber algún desajuste. La parte a proteger es el trabajador y eso va a seguir existiendo”, enfatizó.
Desde el bloque Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo manifestó su apoyo a la propuesta del diputado Jorge Ávila (Encuentro Federal) “porque queremos preservar y mantener el poder adquisitivo” e indicó: “Tenemos que desalentar la posibilidad de que los abogados del sector empresario continúen peloteando los juicios en el tiempo, por eso nos parece razonable una tasa del 8%”.
El chubutense Ávila expresó: “Tenemos que empezar a mirar y darnos cuenta de que no es solamente un paquete, estamos mirando un envoltorio que tiene un montón de dificultades a la hora de resolver. Nosotros queremos que salgan adelante, es por eso que presentamos un proyecto también, pero mirando todo, no solo a la PyME”.
El titular de la Comisión del Legislación del Trabajo planteó la existencia del problema de la nominalidad y de la incertidumbre: “Lo que genera más problemas e incentivos a litigar es la incertidumbre”, y añadió: “Usar la tasa nominal trae problemas, porque la tasa debería reflejar el costo de oportunidad por haberle hecho perdido tiempo a las personas, por la propia demora de la Justicia”.
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