Según informó que, deberán declarar, además de Tito, su esposa, Librada Romero; sus hijos, Walter, David y Daniel y su nuera, Devora Acosta. Todos actualmente se encuentran detenidos en el Escuadrón 51 de Gendarmería, en Fontana, con la excepción de Acosta, única en libertad.

Esta es la segunda audiencia de indagatorias que se realiza en la causa. La primera se realizó el 17 de septiembre y fue particularmente escandalosa. El fiscal del caso, Patricio Sabadini, denunció que desde el juzgado se le proveyó un enlace erróneo, lo que le impidió participar del inicio de la indagatoria de Tito López.

Si bien el error fue salvado minutos más tarde, y la audiencia reiniciada desde el comienzo, Sabadini no dejó pasar la situación: pidió la recusación de Mianovich, al considerar que era parcial y que tenía interés en la causa. Además, presentó un requerimiento de instrucción judicial para que se investigue al secretario del juez Mianovich, Javier Pastore, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

El juez denegó el pedido de apartamiento y finalmente la situación terminó en manos de la Cámara Federal, que debió resolver el entuerto. La Cámara, finalmente, ratificó a Mianovich al considerar que lo ocurrido no fue para tanto y no ameritaba quitarle la causa al juez natural. En cuanto a la denuncia contra Pastore, tanto Mianovich como su par del jugado Federal 1, Zunilda Niremperger, se inhibieron. Por lo tanto, la Cámara Federal designó a la jueza subrogante, María Belén López Macé, para entender en la causa.

En el medio, el juez Mianovich también jugó fuerte. Al hacer lugar a un pedido de recusación presentado por la defensa de López, decidió apartar del caso al fiscal Sabadini por “enemistad manifiesta” contra el imputado.

Solicitó a su vez a la Procuración General y al fiscal General, Federico Carniel, que designe con urgencia un nuevo fiscal -o un equipo fiscal especial- con la aclaración de que sea de una jurisdicción distinta a Resistencia. Carniel le respondió que Sabadini seguirá al frente de la causa hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en instancias superiores y le advirtió a Mianovich que, con este tipo de resoluciones, se está arrogando facultades que no le corresponden ya que la designación de los fiscales es algo propio del Ministerio Público Fiscal.

Lavado

Cabe recordar que el caso contra Tito López y su familia surgió en virtud de una comunicación que recibió la fiscalía Federal de Resistencia pro parte del Ministerio Público Fiscal del Chaco el cual dio cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos por parte de López y su familia.

Esto es debido a la reiterada exteriorización patrimonial constatada en los medios de prensa por parte de López la cual no se condice con el perfil económico del dirigente piquetero. “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares. Mi capital es de 1.600 millones (de pesos)”, aseguró en febrero de este año a medios locales.

Sabadini imputó por el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y haberse concretado de manera organizada a Ramón “Tito” López; su esposa, Librada Romero; y sus hijos, David Alberto; Daniel López y Walter Ramón, todos en calidad de coautores.

Por otra parte, en relación a los delitos precedentes, consideró que los tipos penales que le caben a los nombrados -a los que se suma Dévora Acosta, nuera de Tito López-, son los de asociación ilícita y fraude a una administración pública, en donde el líder piquetero sería el jefe y organizador y el resto coautores.

Tras los allanamientos de la semana pasada, Sabadini amplió la imputación contra Tito López, por los presuntos delitos de tenencia simple de drogas (se encontró 0,5 gramos de cocaína en una de sus propiedades del barrio Santa Catalina, en Resistencia), acopio ilegal de municiones y encubrimiento de contrabando.

De acuerdo al expediente, Tito López, uno de los máximos líderes piqueteros del Chaco, acumuló junto a su familia una gran fortuna en la última década (con compras de vehículos, inmuebles, ganado y viajes al exterior) en base a maniobras presuntamente irregulares, las cuales se podrían englobar en cuatro: el uso indebido de tierras cedidas por el gobierno provincial, que alquiló a empresarios locales; la ocupación ilegal de un campo cercano a Cote Lai, perteneciente a un grupo empresarial de Buenos Aires, donde estableció su negocio ganadero; la recepción masiva de fondos del Instituto de Agricultura Familiar del gobierno de Chaco, los cuales, en lugar de ser invertidos en proyectos productivos, habrían sido desviados; y, finalmente, la evasión de impuestos.