Así lo sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales, el organismo de Derechos Humanos fundado en 1979 e históricamente vinculado a Horacio Verbitsky, a través de su cuenta oficial de la red social X (antigua Twitter).

Trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte denunciaron que el Gobierno ordenó el cierre total del centro de salud, mientras manifestantes se congregaban en el lugar para protestar contra de la medida, no obstante el Gobierno garantizó la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

Fuentes oficiales aseguraron que el Hospital Bonaparte cuenta con un presupuesto anual de 16.800 millones de pesos pero que mantiene “una ocupación promedio de solo 30 pacientes, y una tasa de internación que oscila entre 16 y 19 personas”. Estos indicadores, de acuerdo con las autoridades, no justifican el mantenimiento de un hospital de esas dimensiones, que también cuenta con una considerable plantilla de recursos humanos dedicados a la atención y administración.

“El cierre responde a un proceso de normalización que iniciamos hace tiempo debido a la baja ocupación y la ineficiencia en la utilización de los recursos,” explicaron las autoridades. Además, detallaron que la decisión no afectará a los pacientes internados, quienes serán derivados a otras instituciones bajo la órbita del Ministerio de Salud. También garantizaron que aquellos en tratamientos ambulatorios serán atendidos en otras instituciones del radio de la comunidad o en hospitales de sus respectivas jurisdicciones.

Desde ATE enviaron un comunicado en el que anunciaron la toma de las instalaciones. “La desidia y la incompetencia del Gobierno en materia de salud alarma, pero esta decisión de cerrar hospitales genera una escalada de la conflictividad dentro del Estado. Las medidas de fuerza comenzarán a ser más duras y esto ocurre por exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente apuntó que “en los últimos nueve meses no impulsaron una sola política sanitaria ni tampoco impulsaron campañas de prevención” y detalló: “Lo único que hicieron hasta aquí fue desmantelar programas. No vamos a permitir que se cierre un hospital como el Bonaparte, que es referencia y modelo en salud mental en todo el país”.

“Tiene que quedar claro que defendemos casi 700 puestos de empleo, pero esta no es una defensa corporativa. Defendemos el derecho del pueblo a acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud, y de las niñas y niños que hasta aquí se atendían en este centro” agregó Aguiar.

A través de una asamblea realizada inmediatamente alertados por la noticia, el sindicato decidió realizar una permanencia en el centro de salud, con dirección en Combate de los Pozos 2133, hasta nuevo aviso.

Uno de los aspectos que más preocupa al personal del hospital es el futuro de los más de mil pacientes, según especificaron, que actualmente reciben atención en el Bonaparte. Aunque las autoridades aseguran que los internados serán trasladados a otras instituciones y los ambulatorios recibirán atención en hospitales cercanos, los trabajadores señalan que el proceso no será sencillo.

“Tenemos muchas preguntas porque acá hay más de mil pacientes, sin contar el abordaje territorial. Además, el hospital tiene unos 500 profesionales, muchos de los cuales aún no saben qué pasará con sus puestos de trabajo”, comentó Bordalecou. El hospital no solo proporciona internación, sino también una amplia variedad de servicios ambulatorios, incluyendo programas de salud mental comunitaria.

En un comunicado, los trabajadores resaltaron que “en lo que va del año el Hospital Nacional Bonaparte brindó atención a más de 25 mil personas sólo en éstos últimos meses. Los trabajadores del hospital en asamblea general decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y llaman a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública”.

Según adelantaron, en las próximas horas podrían anunciar medidas de fuerza, entre ellas, tomar las instalaciones a la espera de una respuesta favorable a sus demandas desde el gobierno nacional.