El mismo fondo buitre que semanas atrás pidió que la Argentina entregue su participación accionaria en YPF como garantía de pago de la deuda en firme que el Tesoro Nacional tiene a favor del primero, ahora presentó un recurso judicial denominado discovery ante el mismo tribunal de Nueva York para que se reclame al Banco Central que informe sobre el volumen y valor del oro que tiene en sus reservas internacionales, y cuál ha sido se destino físico al sacarlo del país. Se trata del Bainbridge Fund y el recurso presentado ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, debe interpretarse como un paso previo al pedido de embargo de esos activos. 

La causa carecería de sustento si se considerase que el Banco Central (poseedor del oro) y el Tesoro Nacional (responsable de la deuda) son personas jurídicas independientes y, por lo tanto, las reservas serían inembargables. Pero la irresponsabilidad que han mostrado a lo largo de estos nueve meses tanto el ministro Luis Caputo como el presidente Javier Milei, en relación al rol del Banco Central, refiriéndolo permanentemente como una herramienta central de su propia política económica, le han hecho perder hasta la útima pátina de independencia. Por el contrario, lo ubican en el lugar de alter ego del Ejecutivo y de su política. Por otra parte, el vínculo profesional y económico de Santiago Bausili, presidente del BCRA, con Luis Caputo (son socios), es bien conocido en Nueva York y podría jugar en contra del interés argentino de proteger sus activos de un eventual intento de embargo. 

El fondo Bainbridge lo solicitó a la jueza Preska que fuerce al país a detallar sus tenencias de oro y su lugar de custodia. Este fondo es acreedor por títulos públicos en default a fines de 2001, que no entraron en ninguno de los canjes posteriores (2006, 2010 y, el más reciente, 2020). Abrieron el juicio contra la Argentina en 2016 y, a la fecha, tienen un fallo en firme a favor por un monto de 95 milones de dólares más intereses.

Un fallo anterior de la jueza Prieska les habilitó el recurso de discovery, por el cual se abre una instancia de detección de activos de propiedad del deudor en el mundo para su posible embargo, en caso de que no se abone la deuda. 

Históricamente, Argentina defendió el criterio de independencia del Banco Central con respecto al Tesoro Nacional, el deudor por la emisión de los títulos impagos. Incluso en el año 2015, aún con Cristina Fernández como presidenta, Argentina ganó en segunda instancia de los tribunales de Nueva York un juicio al fondo Elliot, que reconocía esa independencia entre ambas instituciones públicas.

Pero, tanto durante el gobierno de Macri (cuando Marcos Peña, jefe de gabinete, se presentaba en conferencia de prensa con Federico Sturzennegger, titular del BCRA, anunciando los cambios a introducir en la política monetaria), como en el actual de Javier Milei, la actitud de los gobernantes debilitó la estructuras de defensa del Estado y fortaleció los argumentos de los fondos buitres como demandantes.

El hecho que motivó el nuevo impulso que tomó el fondo buitre Bainbridge para arrojarse sobre la presa, el oro del Banco Central, fue el intrigante traslado de oro de las reservas al exterior, en cinco envíos por un valor estimado de 1400 a 1500 millones de dólares. Se señaló extroficialmente que su destino inicial fue Londres, pero se estima que podría haber sido una escala para llegar luego a Suiza. Más precisamente, al Banco de Ajustes de Basilea. 

«Si parte del oro quedó en Londres, el riesgo de embargo es muy alto, porque hay precedentes horribles en esa materia», indicó a Página/12 una fuente de primer nivel en el conocimiento del manejo de reservas internacionales. «Se han embargado fondos oficiales en Londres no sólo de Venezuela y de Rusia, que alguien podría explicar por el fuerte peso de la confrontación política con esos países; pero también se embargaron reservas de Islandia en 2008, por demandas privadas de depósitos no devueltos en el marco de la crisis financiera de ese año».

Está claro que el fondo buitre acreedor intentará volver sobre la teoría del «alter ego«. Las reservas son del Banco Central, la deuda es del Tesoro Nacional, el demandado en la causa. Pero «el BCRA es la extensión de la política del Tesoro Nacional, y por lo tanto le cabe al acreedor el derecho de embargar reservas para apurar el pago de la deuda», expondrá sus razones, con estas u otras palabras, Bainbridge.

¿Valdrá para la defensa del país el antecedente del fallo de 2015 contra la demanda del fondo buitre Elliot? Debería ser así, aunque las constantes expresiones de MIlei y de Caputo considerando al BCRA como si fuera una subsecretaría bajo su mando, debilitan las defensas del país. «Fue totalmente irresponsable dar conferencias de prensa conjuntas de Caputo y Bausili, para hacer anuncios vagos pero en los que el segundo se mostraba como dependiente del primero», recordó la misma fuente. Fue Caputo quien salió a justificar la «conveniencia» de mandar las reservas al exterior. Fue el Ejecutivo el que dejó trascender la intención de utilizar el metálico como garantía de un préstamo (modalidad «Repo») que ayudaría a pagar los vencimientos de la deuda en divisas del Tesoro.

El gobierno de Milei sigue esperando el auxilio del crédito externo. Por ahora, lo único que llega con ese origen son dolores de cabeza.